Aunque antes España conocía un retraso dentro del universo mediático moderno, hoy en día su paisaje audiovisual se ha convertido en uno de los más avanzados y ricos de Europa. Con la multiplicidad de los tipos de empresas, de formatos y de soportes, seguir hablando de “televisión” en singular resultaría reductor, o incluso erróneo.
Durante numerosos años, la TVE (Televisión Española) gozó de un casi-monopolio. Forma parte del grupo audiovisual público español RTVE (Radio Televisión Española) que es el grupo más importante en España y uno de los más influyentes en el mundo. Está compuesto por dos empresas públicas, TVE y RNE (Radio Nacional de España), por una institución musical Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, por un instituto de aprendizaje y de formación IORTV (Instituto Oficial de Radio y Televisión) y por una discográfica Editora RTVE Música. La TVE fue fundada el 28 de octubre de 1956, fecha que simboliza los principios de la televisión en España.
La aparición de las cadenas comunitarias, en la primera mitad de los años 80, y el hecho de que después empezaron a competir con televisiones privadas constituyen una verdadera revolución; tanto más cuanto que estos profundos cambios obedecen ante todo a consideraciones políticas y sólo reflejan de manera parcial las necesidades del propio sector televisual. La desaparición de la dictadura no puso fin a la injerencia del poder político en ese ámbito. Al contrario, se ha intensificado bajo la democracia, en función de la dirección alternada de los dos partidos más poderosos de la izquierda (PSOE) y de la derecha (PP). En cuanto llegaron al poder, los primeros oponentes buscaron a recuperarse el tiempo y el espacio mediático perdidos. Así, las televisiones españolas se han convertido ahora en uno de los mercados más jugosos de la España contemporánea, pero en época de recortes todo está cambiando…
En 2009, la RTVE y las cadenas autonómicas (que pertenecen a las comunidades autonómicas españolas) percibieron unos 1.362 millones de euros de fondos públicos, lo que no impidió una perdida de 772 millones de euros, según el IV Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado en 2010 por Deloitte para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca). Por consiguiente, Uteca criticó sobre todo el régimen “especial” de las cadenas autonómicas. El consejero delegado de Antena 3, Silvio González, habló del “mejor ejemplo de despilfarro público, y el más grave” y aseguró que el sistema de doble ingreso de las TV autonómicas (con las subvenciones públicas y la publicidad) suponía “un clarísimo ataque a las normas básicas de la competencia”. Por su parte, el expresidente de la patronal de las televisiones privadas (y presidente de Telecinco), Alejandro Echevarría, afirmó que no era lógico tener “una televisión pública nacional sin publicidad y otro pública autonómica y municipal con publicidad y generando déficit de explotación”.
Además, Uteca aseguró que el coste de las cadenas autonómicas por hogar español correspondía al de los otros operadores europeos, aunque su audiencia fuera muy inferior. Eso quiere decir que el sistema de financiación del modelo público autonómico español no es eficaz y que probablemente necesita una revisión similar a la realizada para la TVE, lo que supondría una supresión de la publicidad en estas cadenas. Entonces Uteca reclamó al gobierno español que las cadenas autonómicas fueran subvencionadas gracias a un impuesto pagado por los hogares que ven la televisión e ya no por la publicidad y los fondos públicos.
A finales del 2010, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) declaró que la presencia de las cadenas regionales, “por su capacidad de servicio público”, era absolutamente necesaria. Según esa asociación sin ánimo de lucro, el papel de las TV autonómicas es imprescindible dentro del panorama audiovisual a la hora de promover la identidad, las costumbres, la cultura, la vida social y la economía de las diferentes comunidades. Por lo tanto, debería establecerse un modelo de convivencia y complementariedad basado en los criterios de elección de la audiencia, así como en una diversidad de contenidos con el fin de garantizar múltiples posibilidades de elección. En febrero de 2011, Ciutadans, el Partido de la Ciudadanía de Hospitalet en Cataluña, pidió que todas las cadenas autonómicas se pudieran ver “en toda España”, argumentando que eran los españoles los que financiaban estos canales públicos, a través de los impuestos.
Por otra parte, un informe de la consultora Deloitte ha indicado que, con la supresión de los anuncios en TVE decidida a finales del 2009, los ingresos publicitarios de las cadenas privadas mejoraron un 29 % en 2010, mientras que los de las TV autonómicas aumentaron un 9,8 %.
Antes de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el PP anunció que, si su partido accedía al poder, probablemente privatizaría las cadenas comunitarias e integraría EFE, la primera agencia de noticias en español (y la cuarta del mundo), en la corporación RTVE. Oscar López, miembro del PSOE, contestó que “si un gobierno autonómico del PP quiere privatizar una televisión autonómica, basta con cerrarla y darle el canal al sector privado”. Por su parte, Elsa González, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), replicó que “empobrecer [los] medios de comunicación afectaría negativamente a [la] democracia”.
En lo que se refiere a las televisiones autonómicas, explicó la Generalitat que conservaría el “carácter publico” de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV). En cuanto a la propia RTVV, así como a la televisión gallega y a Telemadrid, no se pronunciaron sobre la propuesta del Partido Popular. Lejos de quedar silencioso, Alfonso Sobrado Palomares, el expresidente de la Agencia EFE, calificó el PP de bárbaro porque considera que la “identidad histórica” de EFE no puede “depender de otra matriz informativa”. Para él, el PP dio prueba de un verdadero “desconocimiento sobre EFE, su historia y su esencia”.
Así, como lo vemos, en tiempo de crisis, el foco de atención se centra en los canales públicos autonómicos. La mayoría de estas 13 cadenas registra una audiencia miserable y costes astronómicos. La primera cadena pública en caer ha sido la Radiotelevisión de Mallorca. En efecto, el PP decidió cerrar la estación de televisión insular en diciembre de 2011 porque, como lo adujo la presidenta del Consell de Mallorca, María Salom, se trataba de “un lujo que no [podía] permitir[se]”. No era el canal más costoso, pero lo consideraban un agujero insostenible. A causa del cierre, 117 empleados de la radio Ona Mallorca et de M televisión fueron enviados al paro, con una indemnización mínima de 20 días por año trabajado.
Algunos canales ajustan sus plantillas al mínimo y se gestionan con rigor y austeridad. Sin embargo, no podemos poner en duda la mala gestión de varias otras cadenas públicas. Por ejemplo, en una comparecencia en las Cortes regionales, Nacho (Ignacio) Villa, el nuevo director general de Castilla-La Mancha Televisión, denunció los excesos cometidos por sus predecesores en la anterior etapa socialista. Fueron un verdadero despilfarro: reveló, entre otros, que el jardinero de la TV recibía un honorario de 6.000 euros al mes, que la presentadora Teresa Viejo cobraba un sueldo de 20.000 euros mensuales, y que un contrato desproporcionado de 200.000 euros fue firmado para que el veterano José Ángel de la Casa viniera en el canal por dos temporadas.
Tal y como conocemos la situación actual, los días de las cadenas autonómicas están contados y éstas afrontan 2012 con oscuras perspectivas. Este 10 de enero de 2012, el periódico ABC publicó un artículo sobre la deuda acumulada de las TV comunitarias. Basada en cálculos de Uteca, la noticia explica que, en 2010, las 13 televisiones autonómicas costaron unos 2.000 millones de euros y que, a pesar de recibir 800 millones por año en subvenciones, acumularon una deuda superior a los 1.500 millones. Además, frente a las mil personas empleadas por las cadenas privadas de ámbito nacional como Antena 3 o Telecinco, los canales autonómicos cuentan con unos 10.200 trabajadores. También cabe subrayar que la cuota de pantalla de todas las autonómicas juntas no sobrepasa el 11 %.
ABC escribe que “no todas las cadenas autonómicas cuestan lo mismo a los contribuyentes”. La televisión más cara es la vasca, Euskal Telebista, que vale 253 euros al año por hogar. Con una plantilla de 2.700 empleados para seis canales de televisión y cuatro de radio, la catalana viene en segunda posición y cuesta 209 euros por hogar. Después, encontramos la TV autonómica valenciana (202 euros), la murciana (192) y la andaluza (173).
Es verdad que las cadenas de que tratamos funcionan como instrumentos de diversidad lingüística o de cohesión cultural, pero desde el punto de vista económico, las TV autonómicas no son un buen negocio. Algunas sólo sobreviven gracias a la ayuda de las autoridades comunitarias; los ingresos publicitarios y los presupuestos no bastan a compensar todos los gatos.
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